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Agricultores de San Pedro necesitan una respuesta integral.

El impacto climático en la producción del departamento de San Pedro se confirmó con el informe presentado por el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) sobre la estimación de superficie de siembra en la zafra. Gremios de producción afirman que la situación demanda una respuesta integral que incluya no solo refinanciación y flexibilización de medidas financieras, sino también capacitación y apoyo a los pequeños productores para adaptarse a las cambiantes condiciones climáticas.

Según declaraciones del presidente de la UGP y vicepresidente de INBIO las zonas más golpeadas en la zafra fueron el centro y norte del departamento, con zonas como Takuati y Rio Verde. En total, se estima que hay 60.000 hectáreas menos de cultivo de soja, representando casi el 30% de la disminución total a nivel país. Este descenso ha llevado a muchos agricultores a quedar descapitalizados, dificultándoles afrontar la nueva campaña agrícola.

Además de San Pedro, otros departamentos afectados fueron Amambay, Concepción y Canindeyú. Sin embargo, San Pedro se destaca como el más golpeado, con un rendimiento de apenas 2.100 kilos por hectárea, apenas alcanzando el punto de equilibrio para cubrir los costos de producción. Muchos ni siquiera llegaron a este nivel de productividad, informaron desde INBIO y UGP.

Alfres Fast, presidente de INBIO, Estela Ojeda, Gerente General de INBIO y Hector Cristaldo, presidente de la UGP durante la presentación del informe sobre superficie de siembra. Confirmaron un fuerte golpe del clima en el norte.

Estela Ojeda, gerente del Instituto Nacional de Biotecnología Agrícola (INBIO), señaló que la irregularidad y la escasa cantidad de lluvias, especialmente en los últimos meses, han sido factores determinantes en esta crisis. Según los registros de INBIO, la última lluvia significativa de 8 a 10 milímetros se registró a inicios de octubre, seguida de un período de casi 40 días sin precipitaciones, afectando gravemente los cultivos.

Por su parte, Alfred Fast, presidente de INBIO, destacó que este patrón de lluvias tardías ha sido recurrente en San Pedro durante varios años, retrasando la siembra y afectando las cosechas. La situación es especialmente difícil para pequeños productores, quienes, después de varios años de pérdidas consecutivas, se cuestionan la viabilidad de continuar sembrando.

La situación demanda una respuesta integral.

Al recibir los reportes respecto a la situación de la zona, ya los gremios de producción tomaron cartas en el asunto. Héctor Cristaldo informó que solicitaron medidas al Banco Central del Paraguay (BCP) para facilitar la refinanciación de las deudas a largo plazo sin penalizaciones, buscando aliviar la presión sobre los agricultores. Sin embargo, afirmó que tres años consecutivos de sequía complican aún más el panorama financiero, especialmente para los silos locales y regionales con menor capacidad de absorción de pérdidas. Tanto Cristaldo como Fast aseguraron que la respuesta del BCP fue inmediata y celebraron este hecho considerando que en periodos anteriores tardaban mucho más.

La situación demanda una respuesta integral que incluya no solo refinanciación y flexibilización de medidas financieras, sino también capacitación y apoyo a los pequeños productores para adaptarse a las cambiantes condiciones climáticas. Cristaldo enfatizó que es crucial evitar medidas como la condonación de deudas, que podrían socavar la confianza en el sistema financiero, y en su lugar, fomentar mecanismos de apoyo sostenibles y responsables.

El martes 18 de junio, pequeños productores de San Pedro se reunieron en un tractorazo que consideraron necesario para llamar la atención del gobierno a la difícil situación que enfrentan, consecuencia de varias zafras con resultados negativos debido a factores climáticos. La convocatoria anunció los cierres en Barrio San Pedro y General Resquín, reclamando créditos accesibles para medianos y pequeños productores y para los silos financistas de la zona y la refinanciación y reestructuración de las cuentas actuales con bancos y entidades financieras mediante una ley de emergencia.

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