PORTAL DE NOTICIAS

Seguridad jurídica: Las consecuencias van más allá de la violación de inmuebles.

Procedimiento fiscal policial por denuncia de invasión en Yasy Cañy el 20 de agosto. Foto: Fiscalía.

“Llama poderosamente la atención” que en el último mes aparecieran casos sumamente graves de invasión a propiedad privada y otros delitos que culminaron inclusive con derivación fatal, lamentó Diego Torales presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Las recientes acciones violentas en el campo han generado un clima de preocupación y han puesto en la mira la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad y regularizar la tenencia de tierras.

Torales aseguró que a pesar de estas situaciones recientes, él considera que existe un impacto positivo de la Ley Riera Zavala. Sin embargo, afirmó que los últimos casos de violencia ponen en evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en el campo, situación en la que el gremio siempre acompañará a sus asociados. El presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la ARP recordó que la Ley Riera-Zavala desincentivó la violación a la propiedad privada, porque han culminado procesos con condenas por estos delitos cuyas consecuencias van más allá de la violación de inmuebles.

Uno de los hechos más alarmantes ocurrió en Simón Bolívar Caaguazú, donde el guardia de seguridad de una estancia perdió la vida. Este incidente, ocurrió junto con el ataque a otra propiedad productiva en el distrito de Guayayvi, departamento de San Pedro prácticamente en paralelo. Si bien se habían dado indicios como el cierre del acceso a propietarios a estas estancias, Torales expresó que es difícil prevenir hechos puntuales de violencia. “Estos ataque son premeditados y es muy difícil saber en qué momento se van a poner más violentos, si bien podés hacer inteligencia, es muy difícil”, comentó.

Cuando se vulnera la propiedad privada, también se generan otros delitos.

Aseguró que como gremio, respaldarán a la Policía Nacional para que se cumpla la ley; y a los fiscales para que realicen su trabajo con la debida diligencia. “El Ministerio Público tiene la legitimidad para accionar, imputar, acusar y eventualmente condenar a los responsables de estos actos, que también vulneran derechos fundamentales como la vida”, afirmó Torales recordando que cuando se vulnera la propiedad privada, penosamente también se generan otros delitos. La preocupación por la inseguridad en el campo también se extiende a otros delitos como el abigeato y los daños a la propiedad.

“Hay casos donde directamente nos dicen que están metidos el intendente y toda su Junta Municipal en casos de abigeo”

Si bien Torales reconoció el esfuerzo de la policía, enfatizó la importancia de que las autoridades municipales también hagan su parte. Informó que según las denuncias que reciben, en algunos municipios, se pone un gran esfuerzo en aplicar reglamentos para combatir el abigeato, mientras que en otros, lamentablemente, se denuncia que las autoridades están involucradas en estos delitos.

Además, Torales subrayó la importancia de regularizar la tenencia de la tierra en Paraguay como una medida fundamental para garantizar la seguridad jurídica y evitar las invasiones. Celebró los esfuerzos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) en la entrega de títulos de propiedad, lo que consideró un paso crucial para resolver este problema de larga data.

Es improbable evitar por completo los ataques.

Finalmente, Torales expresó su apoyo a las políticas de prevención que se están implementando, comentó que se implementan algunas medidas de seguridad en coordinación con el sector productivo para generar tranquilidad como los puntos de control en ciertas accesos o rutas, “son políticas de prevención que se están aplicando”. Otro ejemplo que dio es el despliegue de fuerzas de seguridad en zonas de alto riesgo, recordando el desplazamiento de CODI a Canindeyú. Sin embargo, expresó que, a pesar de estos esfuerzos, es improbable evitar por completo los ataques, dada la naturaleza compleja, y muchas veces, premeditada de los mismos.

“Vamos a intentar generar mecanismos preventivos porque nosotros catalogamos estos hechos como actos terroristas directamente” dijo Torales, pero fue enfático en asegurar que él personalmente no responsabilizaría a los organismos de seguridad debido a que es imposible que cubran todos los detalles como la seguridad individual de todo el personal de estancias.

“Si siempre hubo inseguridad en el campo, o informalidad en la tenencia de la tierra, no se puede pedir que acaben las invasiones en Paraguay”

Noticias relacionadas