La posibilidad de que medidas similares a la Norma 1.115 de la UE se exija en otros mercados es un riesgo real, expresó Sonia Tomassone asesora de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco). Detallando la situación actual con A&N, aún sin un panorama claro sobre cómo avanzará el Pacto Verde, Tomassone lamentó que tanto los proveedores de Europa, como los importadores del viejo continente sufren la incertidumbre a la espera de la definición de las guías para su implementación y que de momento, “nadie está cerrando negocios con Europa” debido a la situación.
La regulación ha generado incertidumbre y preocupación tanto entre los productores paraguayos como europeos, quienes enfrentan dificultades para cumplir con los nuevos requisitos, expresó la asesora de comercio exterior de Capeco cuando recordó que desde su gremio llevan ya tres años trabajando intensamente en esta cuestión.
“Participando en diversas organizaciones internacionales como el Diálogo Internacional de Productores y la Asociación Internacional de Exportadores de Soja. En múltiples misiones a Europa, Capeco explicó las problemáticas que esta resolución podría generar, sin obtener respuestas favorables. En marzo del siguiente año, la UE implementó la resolución, y recientemente, las reuniones en Londres y Alemania revelaron que incluso los productores europeos están desesperados por la imposibilidad de cumplir con la normativa”, afirmó.
Aún no existen las guías de implementación
La falta de claridad sobre cómo implementar la resolución 1115 es una de las mayores preocupaciones. A esta altura, ya deberían existir guías claras, pero estas aún no están disponibles. Tomassone comentó que con el nuevo Parlamento Europeo, compuesto por una representación significativa de la extrema derecha y el centro, no se esperan cambios significativos en las políticas ambientales europeas, aunque podría haber alguna flexibilización. La reunión de julio del Parlamento Europeo será crucial para obtener novedades.
El sector productivo en Paraguay ha estado trabajando arduamente para encontrar alternativas que permitan cumplir con la normativa. La soja paraguaya es libre de deforestación pero la reglamentación también aborda temas como el cumplimiento de legislaciones diferentes, derechos humanos y asuntos indígenas, aspectos que no tienen relación directa con el comercio. La ausencia de certificados internacionales que acrediten el cumplimiento de estos factores añade más incertidumbre.
“Si fuese solamente demostrar que mi soja viene libre de deforestación realmente cumplimos sin ningún tipo de problemas. El tema es que la reglamentación habla de otros factores como cumplimiento de temas de derechos humanos, derechos de los indígenas y otros temas que no tienen relación directa con el comercio, y hoy día no existe ninguna documentación que certifique todo esto”, cuestionó Tomassone. “¿Cómo yo productor, paraguayo o europeo, voy a probar que cumplo con los derechos humanos si no existe ningún certificado internacional que diga eso”, analizó.
Nadie está cerrando negocios con la Unión Europea
La resolución 1115 entrará en vigor el 1 de enero de 2025, y los compradores europeos están preocupados, ya que los granos y sus derivados se venden con anticipación. Nadie está cerrando negocios con la UE debido a la incertidumbre, y es probable que la UE se quede sin materia prima durante los primeros seis meses de 2025.
En Paraguay, se trabaja en una plataforma que permita generar y facilitar datos georeferenciados de las fincas para demostrar que la soja no ha sufrido deforestación desde el 30 de diciembre de 2020.
Gremios de productores y comercializadores del país trabajan actualmente con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), preparándose para lo peor “pero sabiendo que estamos haciendo bien las cosas”. Paraguay está buscando desarrollar una plataforma correctamente adaptada. Sonia Tomassone afirmó que aún no se ha desarrollado una plataforma accesible y de bajo costo para todos los actores de la cadena. Sí existen plataformas internacionales, pero las mismas tienen un costo elevado y el precio de la soja, al ser un commoditie, no cubre estos gastos adicionales.
La preocupación de que otros mercados adopten requerimientos similares a los de la UE es real, ya que la UE busca incluir estos temas en acuerdos internacionales. Aunque Estados Unidos, China y Reino Unido podrían tomar medidas similares, actualmente, solo la UE ha implementado esta normativa, y los países afectados están luchando en el marco de la Organización Mundial del Comercio para evitar que estas medidas se vuelvan obligatorias a nivel internacional, ya que representan una barrera comercial significativa.
