La Unión de Gremios de la Producción, Asociación Rural del Paraguay y la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne emitieron comunicados para pronunciarse sobre la situación de casos de corrupción que se han revelado en el país en las últimas semanas. Todos coinciden en pedir la acción de la justicia para la defensa del país del trabajo, poniendo fin a la impunidad.
Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresan su profunda preocupación y enérgico repudio ante las recientes revelaciones que evidencian un grave manejo político de la justicia en el país, recordando que las conversaciones extraídas de dispositivos sometidos a peritaje judicial exponen un entramado de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), desnudando una preocupante falta de independencia en la administración de justicia.
El comunicado de la ARP, enfatiza que como gremio que defienden la legalidad, el estado de derecho y la seguridad jurídica, considera inaceptable que se sigan desnaturalizando las instituciones encargadas de impartir justicia, debilitando la confianza ciudadana en las mismas. Aseguran que las pruebas divulgadas revelan negociaciones ilegítimas que afectan directamente la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y otros delitos que golpean a nuestra sociedad, por lo que exige “Una investigación rápida, imparcial y exhaustiva por parte del Ministerio Público sobre los hechos de corrupción denunciados, sancionando con el mayor rigor a los responsables. La depuración inmediata de las instituciones involucradas, garantizando que jueces, fiscales y miembros del JEM actúen con independencia y transparencia y el fin de la injerencia política en la justicia, que socava la institucionalidad y debilita el estado de derecho. Mayor control ciudadano y acceso a la información, para que la sociedad pueda ejercer su derecho de fiscalización sobre las decisiones de las autoridades judiciales.
Desde la Asociación Paraguaya de Exportadores de Carne (APPEC) expresaron más claramente que se refieren a la situación generada por el caso del ahora exdiputado Orlando Arévalo e indican en su pronunciamiento que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) es clave para garantizar la integridad del sistema judicial, pero ha sido varias veces cuestionado por su manejo y decisiones que han permitido la impunidad en casos de evidente gravedad, por lo que consideran que es hora de que en Paraguay terminemos con esta cultura dañina. Señalan que la impunidad no solo es más grave que el propio delito; también socava los esfuerzos por atraer inversión y mejorar nuestra economía.
“Los productores agropecuarios, al igual que toda la sociedad paraguaya, necesitamos confiar plenamente en un sistema judicial imparcial e independiente. Exigimos a las autoridades una investigación exhaustiva y un castigo ejemplar para los involucrados en este caso que afecta a un organismo extrapoder, cuya función, según el mandato constitucional, es enjuiciar y remover a los magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos con mal desempeño (…) Es momento de actuar contundentemente contra este mal endémico para asegurar un futuro donde todos, podamos vivir y progresar bajo el amparo seguro e imparcial del Estado y sus instituciones”, concluyen.
En el caso de la Unión de Gremios de la Producción, titulando “El Paraguay que defenderemos” el gremio inicia describiendo dos países muy diferentes que conviven día a día y expresa que uno de ellos parece acaparar todo el escenario, mientras el otro contempla adormecidos los acontecimientos y cierra indicando que: “En el Paraguay del corrupto, la Justicia, que debería garantizar la vigencia del estado de derecho en un sistema democrático, está neutralizada e infiltrada sin poder cumplir bien su rol. Sin justicia no hay República y nuestro himno es claro, Paraguayos República o Muerte. La batalla entre esos dos países se libra en el marco de sostener y reforzar los principios y valores de la democracia como sistema político que debe regir en la República. Ese combate se debe enfocar en construir barreras a la degradación institucional”.
Cierra indicando que “en el buen funcionamiento de las instituciones está la diferencia que separa la tribu, donde rige la ley de la selva, de una sociedad que, en el marco de la Ley, sostenida en principios y valores, crea las condiciones para que sus integrantes desarrollen sus proyectos de vida con libertad y amparados por la Justicia. La Unión de Gremios de la Producción sostiene que triunfará el Paraguay que alimentemos y exhorta a los gremios, a los actores políticos, a las instituciones y a la ciudadanía, a consolidar y defender ese Paraguay que respeta las leyes, donde se dejan de lado las mezquindades y se prioriza el bien común”.
