“En pie de guerra” así definió la internacional agencia bloomberg a la situación en la que se encuentran empresas brasileñas desde el anuncio del gobierno de Luis Inácio Lula Da Silva, presidente del vecino país de que prohibía el uso de créditos fiscales para abonar tributos.
La Resolución 1227 del gobierno de Lula prohíbe el uso de créditos fiscales para abonar tributos. Los ruralistas consideran que genera un aumento impositivo indirecto de casi US$ 2.000 millones al sector.
Un informe de bloomberg indica que el sorpresivo cambio impositivo está perturbando los negocios y provocando la ira de grupos que representan algunos de los principales comerciantes de cultivos del mundo, entre ellos cita a Cargill Inc. Y a Bunge Global S.A.
La reciente Resolución 1227, emitida por el gobierno brasileño el pasado 4 de junio, establece la imposibilidad de utilizar los créditos fiscales generados por el Programa de Integración Social (PIS) y la Contribución de Financiamiento de la Seguridad Social (Cofins) para el pago de otros tributos nacionales, informa tardaguila agromercados.
La medida se traduce en un aumento impositivo indirecto significativo para el agro brasileño y generó un fuerte malestar en el sector agropecuario del país. El PIS, que impone una contribución social del 1,65% sobre los ingresos brutos, y el Cofins, con una alícuota del 7,6%, son considerados esenciales en la estructura tributaria del sector, informan desde TN en Argentina haciéndose eco de lo que pasa en elvecino país.
En ese sentido, la imposibilidad de emplear los créditos fiscales derivados de estos impuestos para abonar otros tributos representa una carga adicional calculada en aproximadamente 10.000 millones de reales (equivalentes a unos US$ 1.900 millones), según el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA).
Ante la incertidumbre, los equipos técnicos contables de las empresas agroexportadoras están evaluando su impacto. En este contexto, la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) emitió un informe en el que solicita al Congreso Nacional rechazar íntegramente la Resolución 1227.
No solo el campo.
Las industrias brasileñas también están en pie de guerra por la decisión del gobierno, informó bnamericas. La minera brasileña IBRAM emitió un comunicado en el que expresó que “Esta medida traerá un importante impacto fiscal a las empresas, pues deteriora la competitividad, se traduce en pérdida de mercados y desalienta la inversión”, advirtió Ibram. “Esta limitación tendrá ciertamente un impacto sustancial en el flujo de caja de los contribuyentes, especialmente de los exportadores, a las que en la práctica solo les quedará la solicitud de devolución como opción para beneficiarse de créditos relacionados con sus insumos”.
Sobre las pérdidas calculadas para los diferentes sectores de la economía se prevé una suma total de 5.600 millones de dólares al año según el cálculo de bloomberg línea. La Confederación Nacional de la Industria brasileña calcula que esta cifra podría duplicarse en el 2025.
Hasta el momento, a una semana de su anuncio ya suman dos docenas de grupos industriales que protestan en contra de la medida y están haciendo un fuerte lobby pidiendo al presidente de la Cámara Baja Arthur Lira y al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco que rechacen la norma, o de lo contrario, tendrá efecto inmediato durante 120 días.
