El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) emitió un comunicado para expresar su preocupación sobre la situación actual de la cadena de valor de la carne, en el sector se han registrado denuncias de un funcionamiento poco claro y no acorde con las reglas de mercados, por parte de productores ganaderos, lo cual, destaca CIP, tendría consecuencias negativas en los precios al consumidor, la recaudación impositiva, las pérdidas en el sector productivo y el desincentivo a la inversión.
“En los mercados debe existir libre competencia y las entidades reguladoras son las encargadas de velar por ello”, titula el gremio el pronunciamiento que sigue haciendo mención del Artículo N° 107 de la Constitución Nacional que establece: “Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o las bajas artificiales de precios que traben la libre concurrencia. El rol del Estado Paraguayo es garantizar el cumplimiento de estos principios establecidos en la Constitución Nacional”.
Y prosigue diciendo: “Todos los actores políticos, sociales y económicos del país estamos de acuerdo en que la Constitución Nacional establece el Gran Acuerdo Nacional sobre cómo queremos vivir”.
El Centro de Importadores reitera su convicción de que es imperativo que el Gobierno Nacional, a través de sus instituciones, organice y mantenga su entorno de mercados competitivos, justos y dinámicos. La competencia perfecta en todas sus dimensiones protege a las empresas, los emprendedores y los consumidores.
Además, en un contexto donde deseamos emitir señales de confianza al mercado internacional, la defensa de mercados competitivos transmite un mensaje claro de que las políticas públicas están orientadas hacia un crecimiento económico sostenible y un mayor desarrollo para la sociedad en su conjunto.
Por ello, el Centro de Importadores del Paraguay expresa su preocupación ante los hechos denunciados por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC). “Estas denuncias indicarían un funcionamiento poco claro y no acorde con las reglas de mercados competitivos en las transacciones y los precios de compra del ganado por parte de los frigoríficos a los productores, lo cual tendría consecuencias negativas en los precios al consumidor, la recaudación impositiva, las pérdidas en el sector ganadero y el desincentivo a la inversión”, expresan.
Es momento de que el Estado muestre sus capacidades técnicas
Y ya en el pronunciamiento, el CIP deja una sugerencia al gobierno: “En situaciones como estas, el sector público paraguayo debe demostrar sus capacidades técnicas e institucionales para impulsar acciones de vigilancia y supervisión del funcionamiento del mercado. Es esencial promover y activar el marco regulatorio necesario para garantizar la libre competencia, facilitar el acceso a información de mercado, establecer sanciones adecuadas a las operaciones de abuso de posición dominante, fomentar la innovación y el desarrollo del mercado”.
“El Centro de Importadores del Paraguay defiende mercados con igualdad de condiciones para todos sus agentes: productores, procesadores, distribuidores y vendedores finales. Creemos firmemente que esta es la única y mejor forma de asegurar un crecimiento económico sostenible y un país más próspero”, concluyen.
