El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay anunció este jueves un principio de acuerdo con Argentina para mantener, por un año, las operaciones de trasbordo de combustible en el kilómetro 171 de la Hidrovía Paraguay–Paraná, tras una reunión clave con autoridades nacionales y representantes del sector privado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay informó este jueves que se llevó a cabo una reunión clave con autoridades nacionales y representantes del sector privado para abordar la reciente controversia generada por la intención de suspender las operaciones de trasbordo de combustible en el kilómetro 171 de la Hidrovía Paraguay–Paraná.
Durante el encuentro, la Cancillería paraguaya comunicó que, tras gestiones diplomáticas con el gobierno argentino, se alcanzó un principio de acuerdo bilateral para mantener las condiciones actuales de las operaciones de alijo en dicha zona por un periodo de doce meses.
El acuerdo contempla la instalación de una mesa de trabajo bilateral con participación de representantes públicos y privados de ambos países, a fin de buscar una solución definitiva al conflicto. Además, Paraguay resolvió establecer un espacio interinstitucional de coordinación para analizar estrategias a corto, mediano y largo plazo respecto al uso y control de la hidrovía.
La reunión fue presidida por el canciller Rubén Ramírez Lezcano y contó con la participación de autoridades de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Prefectura General Naval, la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y la Dirección General de Marina Mercante. También asistieron representantes del sector privado como el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), DICAPAR y CADIPAC.
La situación se originó tras una comunicación emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina, que notificó a la Prefectura y a otros organismos su intención de suspender por 30 días las operaciones de trasbordo en el kilómetro 171, bajo el argumento de que carecían de habilitación portuaria conforme a la Ley Nacional de Actividades Portuarias N° 24.093.
La medida, que en ese momento aún no había entrado en vigencia fue recibida por Paraguay como unilateral y arbitraria, provocando una rápida reacción del sector privado que recurrió con urgencia al gobierno. El Centro de Armadores Fluviales y y Marítimos de nuestro país (CAFYM) calificó la decisión como una amenaza directa a la logística de abastecimiento de combustible del país y recordó que las operaciones en esa zona se realizan de manera continua desde principios de los años 80, bajo supervisión de la Prefectura Naval Argentina y control aduanero correspondiente, conforme a la Ordenanza Marítima Nº 4/81.
“La suspensión, basada en una interpretación errónea de la ley, contradice décadas de práctica operativa segura y eficiente. Su impacto podría comprometer gravemente el suministro energético del Paraguay”, afirmó el gremio en un comunicado emitido el 4 de julio.
Antecedentes
Este incidente se suma a otros episodios de tensión en torno al uso de la hidrovía, como la disputa generada por el cobro del peaje en dólares impulsado por el gobierno de Alberto Fernández en su momento. Aunque las administraciones actuales de Javier Milei y Santiago Peña han avanzado en la resolución de algunos puntos, todavía persisten desacuerdos que afectan el normal desarrollo del transporte fluvial.
Cabe recordar que el funcionamiento de la Hidrovía está regido por el Acuerdo de Transporte Fluvial, firmado en 1992 en Las Leñas, y coordinado por el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay–Paraná, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
