La admisión de una medida de amparo para el cese de actividades de la Estancia Faro Moro preocupa de sobremanera a los productores agropecuarios del país que ven en esta acción registrada en Filadelfia como una clara violación a la seguridad jurídica. Una empresa con las reglamentaciones en orden, e impuestos al día, enfrenta una solicitud sin fundamentos según lo registrado en la audiencia de sustanciación, pues quien impulsó la medida no acercó pruebas que justifiquen su solicitud.
Pero más allá de las pruebas, o de la acción de un individuo en particular, Diego Torales, presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), expresó a Agropecuaria y Negocios su preocupación ante una nueva tendencia en la cual organizaciones no gubernamentales (ONG) y particulares están interviniendo en la defensa de los derechos ancestrales de las comunidades indígenas, según lo que expresó el experto: sin la debida legitimidad, puesto que es el INDI el ente que debería tutelar los derechos de comunidades indígenas.
Torales asegura que estas acciones no solo afectan la producción económica, especialmente en el Chaco paraguayo, sino que también socavan la autoridad del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). “Muchas ONG presentan acciones judiciales en nombre de las comunidades indígenas, pero en la práctica, éstas permanecen abandonadas”, lamentó. “Se utiliza como retórica, un discurso vacío de protección a sus derechos cuando en realidad son otros los intereses. La intención es perseguir al sector productivo, nada más y nada menos”, aseguró acotando la conciencia del sector productivo de que lo que necesitan las comunidades indígenas es una solución integral a sus problemas.
“Tenés comunidades arraigadas alrededor de la terminal de Asunción, en total desamparo. De ahí tenés que rescatarles, no del fondo del Chaco donde muchos están trabajando y ganando dinero”, expresó Diego Torales.
Insistió en dejar en claro que es el INDI, creado por ley y financiado por el Estado, el organismo encargado de tutelar los derechos de los indígenas, no las entidades privadas; y el hecho de que esto no se respete está generando una serie de problemas legales y administrativos.
El presidente de la comisión citó el caso de la estancia Faro Moro, donde una abogada particular presentó una solicitud de amparo judicial argumentando la presencia de silvícolas en el monte de la estancia, solicitando la paralización de las actividades productivas. Para Torales, esta demanda es “descabellada” y “una locura”, ya que frenar la producción afectaría gravemente la economía del Chaco, una región que representa más de la mitad de la producción cárnica del país y tiene un gran potencial de crecimiento agrícola. Además, los propietarios cuentan con todas las habilitaciones legales que exige la ley paraguaya al agronegocio, impuestos al día, habilitaciones del Instituto Forestal Nacional (INFONA), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), todo lo que exige el Estado Paraguayo.
El amparo fue admitido y ya se realizó la audiencia de sustanciación, donde según comentó Torales, no se presentó una sola prueba, ni siquiera una fotografía que demuestre esta supuesta presencia de comunidades nativas en propiedad de la Estancia Faro Moro. La resolución debe ser comunicada en los próximos días.
El temor: que comunidades indígenas sean utilizadas para perseguir al sector productivo.
“Si no nos ponemos firmes en relación a este tema, como Estado paraguayo vamos a ir para atrás violentamente” dijo Torales. Expresando el temor de que nuestro país enfrente experiencias similares a las vividas en Brasil y Argentina donde las comunidades indígenas fueron utilizadas para perseguir al sector productivo.
Dieron trámite al amparo: “Podría sentar un precedente peligroso”
“La situación es preocupante. Se dio trámite a esta solicitud de amparo y se realizó una audiencia. Esto podría sentar un precedente peligroso si todos los productores deben enfrentar amparos judiciales por demandas infundadas”, destacó Torales. Según él, los juzgados deberían rechazar de plano estas pretensiones si no son presentadas por el INDI.
“Si cualquier organización o particular puede invocar derechos ancestrales y presentar demandas, ¿para qué necesitamos el INDI?”, se preguntó, asegurando que esta situación refleja una falta de seguridad jurídica.
Torales aseguró que si una denuncia similar a la que enfrentó Faro Moro fuera presentada por el INDI, como ARP, lo recibirían de forma diferente “y ahí que el productor se defienda como pueda” porque al ser una denuncia de INDI se espera que se refiera a una comunidad reconocida”; pero volviendo a Faro Moro asegura, “el INDI no tiene vela en este entierro”.
El presidente de la comisión de defensa de la propiedad privada expresó su confianza en los compromisos asumidos por el Presidente de la República con los productores pues el titular del Ejecutivo aseguró que apoyará siempre la protección de la propiedad privada y la producción en el Chaco pero expresó que: “Sin embargo los jueces y fiscales parece que no lo están entendiendo de la misma manera”.
¿Mala fe o ignorancia?
Considerando sus años de experiencia en el tema, y estando claro el rol del INDI y el debido proceso, esta fue la última consulta que realizamos a Torales sobre este tema ¿por qué cree que se admitió el amparo? A lo que respondió, “Ese es nuestro cuestionamiento, y tenemos que sentarnos con la Corte Suprema de Justicia para ver qué legitimidad tiene esta presentación particular”.
“Queremos seriedad, y seguridad jurídica” enfatizó Torales, “A mi criterio, te soy sincero, para mi es aberrante que un tercero se presente sin al menos una debida autorización del INDI. El Estado en sus juzgados, debería analizar mejor a quién reciben. Falta seguridad jurídica, claramente”, sentenció.
