La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC) insta a las autoridades a garantizar la protección de los derechos de los productores paraguayos que desarrollan sus actividades en cumplimiento de las normas vigentes, así lo hicieron a través de un comunicado.
El gremio indica que las acusaciones infundadas generan incertidumbre en la producción agropecuaria afectando tanto a los inversionistas como a los productores nacionales quienes, cumpliendo la ley, ven amenazados sus derechos y patrimonio.
La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC) hizo este pronunciamiento para expresar su firme apoyo a la Estancia Faro Moro, “que actualmente enfrenta acusaciones mediáticas infundadas”.
Aseguran que este establecimiento ha operado en la zona durante más de 30 años sin conflictos con las comunidades indígenas ayoreo, e incluso cuenta con miembros de dicha comunidad entre sus trabajadores.
“La estancia Faro Moro cumple con todas las normativas paraguayas para el desarrollo de pasturas y la producción agropecuaria, contando con las licencias del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y las autorizaciones del Instituto Forestal Nacional (INFONA)”, indica el comunicado de APPEC.
El caso Faro Moro
Según comentó a Agropecuaria y Negocios el presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la ARP Dr. Diego Torales, una abogada particular presentó una solicitud de amparo judicial argumentado la presencia de nativos silvícolas en el monte de la estancia por lo que solicitó la paralización de las actividades productivas de la empresa legalmente constituida.
Pero además de esto, Torales expresó su particular preocupación debido a que él considera que la medida que enfrenta Faro Moro se debe a una nueva tendencia en la cual organizaciones no gubernamentales (ONG) y particulares están interviniendo en la defensa de los derechos ancestrales de las comunidades indígenas, según lo que expresó el experto: sin la debida legitimidad, puesto que es el INDI el ente que debería tutelar los derechos de comunidades indígenas.
La ARP también emitió un comunicado asegurando que rechazan los intentos de organizaciones que “so pretexto de defender los derechos y las legítimas aspiraciones de las comunidades indígenas sean utilizados para llevara adelante sus ocultos intereses.”
