El costo de una dieta saludable alcanzó en 2024 su nivel más alto desde que se tienen registros, situándose en 4,46 dólares de paridad de poder adquisitivo (PPA) por persona al día, según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025, publicado por la FAO. El aumento responde a la presión persistente sobre los mercados agrícolas y alimentarios globales, profundizada por crisis sucesivas y una inflación que no cede del todo.
A pesar del encarecimiento de los alimentos, el informe muestra un dato alentador: el número de personas que no pueden costear una dieta saludable ha bajado de 2.760 millones en 2019 a 2.600 millones en 2024. Sin embargo, la mejora no es uniforme. En África, el número de personas en esta situación aumentó de 864 millones a más de 1.000 millones en ese mismo período. Los países de ingresos bajos son los más afectados: el 72 % de su población no puede acceder a una dieta saludable.
La inflación de los precios de los alimentos, que superó consistentemente a la inflación general desde 2020, tuvo su punto más crítico en enero de 2023, cuando alcanzó el 13,6 %, 5,1 puntos por encima del índice general. Aunque desde mediados de ese año ambas cifras comenzaron a bajar, los precios se mantuvieron elevados durante todo 2024, impactando especialmente a los hogares más vulnerables.
En los países de ingresos bajos, la carga ha sido desproporcionada: llegaron a experimentar una inflación alimentaria del 30 % en mayo de 2023, lo cual debilitó fuertemente el poder adquisitivo de las familias. Según la FAO, un aumento del 10 % en los precios de los alimentos está vinculado a un crecimiento del 3,5 % en la inseguridad alimentaria moderada o grave, y de 1,8 % en la grave.
La FAO identifica una combinación de factores detrás de esta situación: la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania, el encarecimiento de la energía y el aumento de los costos de transporte, mano de obra y márgenes de beneficio a lo largo de las cadenas de suministro. En economías como la de Estados Unidos y la zona del euro, entre el 35 % y el 47 % del pico inflacionario se debió a estos shocks externos.
También se atribuye parte de la persistencia inflacionaria a las respuestas fiscales y monetarias aplicadas durante la pandemia. Estímulos expansivos, tasas de interés bajas y restricciones de oferta crearon un entorno inflacionario inédito, especialmente problemático en países en conflicto, donde los salarios reales no lograron acompañar el alza de precios.
El informe recomienda una combinación de medidas
Para evitar nuevos episodios de inflación alimentaria y mitigar sus efectos, el informe recomienda una combinación de medidas inmediatas y de largo plazo. Entre ellas: respuestas fiscales focalizadas, como subsidios temporales o programas de protección social; armonización de las políticas fiscales y monetarias; y una mayor inversión en infraestructura comercial, almacenamiento, transporte y sistemas agroalimentarios resilientes.
Asimismo, fortalecer los sistemas de información del mercado agrícola, mejorar la transparencia y disponibilidad de datos y garantizar una planificación fiscal sostenible son pilares fundamentales para evitar que la inseguridad alimentaria siga agravándose.
Mientras tanto, el riesgo sigue siendo alto para millones de personas. La FAO alerta que el aumento sostenido de los precios podría revertir los avances en la lucha contra el hambre y la malnutrición, especialmente en regiones de bajos ingresos que ya soportan el mayor peso de la crisis.