La Unión de Gremios de la Producción (UGP) destaca los datos del informe elaborado por el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal del Instituto Forestal Nacional (INFONA), los cuales muestran que el 99,9 % de las 2.978.795 hectáreas de soja sembrada en la Región Oriental durante el año 2022 provienen de áreas no deforestadas desde el periodo exigido por la Unión Europea (UE).
Es decir, solo 2.739 hectáreas de la superficie de soja sembrada en esa campaña agrícola corresponden a nuevas áreas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
Con esto, la UGP interpreta que, teniendo en cuenta que Paraguay produce un total estimado de 10.000.000 toneladas anuales, solo unas 9.500 toneladas provendrían de las áreas desmontadas después de diciembre de 2020, lo que representa un porcentaje mínimo (0,1) de la producción total de soja paraguaya.
A través de un reporte de prensa, la UGP informó que durante una reunión con agricultores del interior del país se recogieron varias preguntas sobre las exigencias de la UE. Con los datos proporcionados por el INFONA, ¿es razonable la exigencia de la UE de tener que someter al proceso de diligencia debida a la cadena productiva por la simple sospecha o presunción de que se deforestó para producir la soja?, se preguntaron los productores.
El gremio también cuestiona que se ponga la carga de la prueba sobre el productor paraguayo, de modo que sea éste quien tenga que demostrar que produce soja libre de deforestación, generando sobrecostos y demoras con procesos o trámites para exportar.
“Ante la falta de argumentos convincentes, hubo coincidencia en que, más que una preocupación por la deforestación, las exigencias son solo un pretexto para quitar competitividad a la producción paraguaya con medidas que generan trabas comerciales solapadas bajo preocupaciones ambientales”, indicaron.
