La Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), filial Alto Paraná, expresó su respaldo total y categórico a la actuación del Ministerio Público en la investigación de un presunto esquema criminal de estafas y despojo de tierras que afecta a empresas y productores del sector agrícola. En el mismo exhortan a la Fiscalía a llevar la investigación hasta las últimas consecuencias; y llaman a las empresas, entidades financieras y actores del rubro agrícola a no brindar apoyo ni financiamiento a quienes generan zozobra en el campo.
A través de un comunicado oficial fechado el 6 de febrero de 2026, la organización destacó la intervención “firme y decidida” de la Fiscalía en una causa que involucra a la firma Inversiones Agrícolas S.A., identificada como víctima de una estructura criminal compleja que operaba en el ámbito rural.
Según la CAP, el esquema tendría como principal responsable a Nivaldo Ouriques y estaría integrado no solo por particulares, sino también por funcionarios públicos, escribanos y abogados que habrían utilizado sus funciones para facilitar actividades ilícitas, ocasionando un grave perjuicio económico y social.
“Exhortamos al Ministerio Público a llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, identificando y responsabilizando a todos los involucrados, sin distinciones ni privilegios”, señala el comunicado. Asimismo, la coordinadora instó al Poder Judicial a acompañar el proceso con independencia y firmeza, a fin de evitar la impunidad y restablecer la confianza en las instituciones del Estado.
La CAP también llamó a las empresas, entidades financieras y actores del rubro agrícola a no brindar apoyo ni financiamiento, directo o indirecto, a este grupo, cuyas acciones, afirman, generan inseguridad jurídica y zozobra en el campo. “La seguridad jurídica es un pilar esencial para el desarrollo del país. Sin seguridad jurídica no hay campo, y sin campo no hay desarrollo sostenible”, subraya el documento, en el que la organización reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa del trabajo honesto de los productores.
El caso
El Ministerio Público imputó a Nivaldo Ouriques y su hijo William Ouriques, por los presuntos hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, solicitando además la prisión preventiva de ambos ante la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga. El Padre ya había obtenido una condena previa años atrás por producción de documentos no auténticos.
En este caso, según la investigación fiscal, los imputados habrían integrado un esquema destinado a la transferencia irregular de tres inmuebles rurales de 19, 139 y 283 hectáreas, ubicados en la colonia Aguapé, distrito de Itakyry, en perjuicio de la firma Inversiones Agrícolas S.A. Las propiedades fueron registradas en tiempo récord y transferidas a un tercero que habría actuado como prestanombre, permitiendo la explotación de facto de las fincas pese al vencimiento del contrato de arrendamiento.
En el marco de la causa, el 2 de febrero de 2026 se realizaron allanamientos en los inmuebles investigados, donde se concretó la detención de los sospechosos y la incautación de dinero en efectivo, maquinarias agrícolas, vehículos, teléfonos celulares y documentación vinculada a la explotación de cultivos.
El acta de imputación sostiene que los títulos utilizados serían apócrifos y que las documentaciones habrían sido producidas con la participación de gestores y funcionarios públicos, con el objetivo de dificultar la recuperación de los inmuebles por parte de los legítimos propietarios.
Como última diligencia, fiscales designados tras la recusación de los intervinientes iniciales realizaron nuevos allanamientos en el distrito de Naranjal, en el domicilio de los imputados, incautando abundante documentación contable, registros de transferencias inmobiliarias y soportes digitales, que serán sometidos a peritajes. La Fiscalía solicitó un plazo de seis meses para concluir la investigación.
