Tras el reclamo de gremios rurales por la presunta amenaza de invasión a la estancia Lusipar, el ministro del Interior, Enrique Riera, presentó documentos y reportes policiales que, según señaló, evidencian preparativos de ocupación. Afirmó que el Gobierno “no tiene otra opción que actuar”, reiteró su llamado al diálogo y aseguró que la propiedad privada es inviolable y que el Estado hará cumplir la ley.
El ministro del Interior, Enrique Riera, ofreció una conferencia de prensa en representación del Gobierno para responder a la preocupación manifestada por gremios rurales sobre una presunta amenaza de invasión a la estancia Lusipar, ubicada en el departamento de San Pedro, y administrada actualmente por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
El ministro estuvo acompañado por los viceministros del Interior, el comandante y subcomandante de la Policía Nacional y miembros del comando institucional. Durante la exposición, el Ministerio presentó antecedentes documentales y registros policiales elaborados entre 2019 y 2025 sobre actividades de organizaciones que, según afirmó, planifican acciones de ocupación de tierras. “Son trabajos que realiza la Policía Nacional, apoyada, acompañada y liderada por el Ministerio del Interior, a los efectos de tomar en serio la tarea constitucional y legal que tenemos, que es la prevención de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público”, comentó.
Pero Riera se aseguró de comentar también que “La libertad de movimiento y la libertad de organización están 100% respetadas. Ninguna de estas actividades realizadas durante este periodo de gobierno fue interrumpida”, dijo, haciendo referencia a reuniones y manifestaciones anteriores.
Posterior a ello también demostraron documentos oficiales que fueron llegando del Ministerio Público a la Policía Nacional para que actúen. “Nosotros somos auxiliares de la justicia; nos movemos en tanto y en cuanto un fiscal o un juez toma alguna decisión”, afirmó Riera, aquí fue en donde se enlistaron las órdenes de aprehensión.
“La Policía Nacional tiene suficientes elementos para tomar muy en serio la amenaza”
Así lo señaló Riera y explicó que: “Lo vienen anunciando por redes sociales; ustedes han visto las filmaciones. Hay preparativos de invasión y también, obviamente, una necesidad de responder: por un lado, a los gremios a quienes agradecemos el apoyo recibido y, por otro lado, del lado del Estado, la necesidad de actuar”, expresó.
“No tenemos otra opción que actuar”, dijo Riera insistiendo en el llamado al diálogo. “Tenemos también una denuncia hecha por los arrendatarios, presentada en octubre de 2025, que finalmente generó el pedido de detención preventiva y el procesamiento de varios de estos líderes: Elvio Benítez Gamarra, Ernesto Benítez Gamarra, Rodolfo Salazar López, Juvencio Antonio Cabrera Cohene, Celso Rubén Palacio Arce, Silvia Leticia Velázquez Martínez y Sixto Hilarión Cabrera Cohene. Estos siete fueron imputados por apología del delito por incentivar la ocupación de tierras. Tres fueron detenidos por la Policía Nacional; cuatro todavía no se han presentado. La Fiscalía consideró que había méritos para procesarlos y hoy están con prisión domiciliaria. Estamos en coordinación directa con las fiscalías adjuntas, con las fiscalías regionales y, por qué no decirlo, con la Corte Suprema de Justicia”, fundamentó.
El ministro del interior también quiso señalar que buscando una definición tranquila han concretado un diálogo con la Iglesia católica. “Hubo reuniones de preocupaciones compartidas, incluso con el propio cardenal Adalberto Martínez, quien se mostró muy favorable a buscar siempre el camino del diálogo y la paz. Haciendo un llamado a la paz social, en este sentido la Iglesia, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior constituyen un espacio de diálogo”, insistió.
“Estamos acá avisando, advirtiendo, solicitando, rogando, pidiendo a los campesinos que no se dejen instrumentalizar”
Riera reiteró en varios momentos a un llamado de diálogo para dar respuesta a las necesidades de las comunidades campesinas “A pesar de más de 100 movilizaciones, no hemos tenido ni una cabeza rota porque hemos hablado, siempre hemos hablado. Pero esto que viene anunciándose desde hace meses ya tiene órdenes judiciales; esto ya está fuera de nuestra cancha”, lamentó. “Aun así, el Ministerio del Interior sigue abriendo los brazos para dialogar con otros paraguayos y resolver el problema de fondo”.
Riera expresó “Si el problema es tierras, hay tierras; si el problema es apoyo, semillas, tractores, cal agrícola, mercados, hay respuesta. Hablé con el ministro de Agricultura, y volvió a ratificar la necesidad de llegar con mayor profundidad. Pero sí queremos desterrar la violencia y sí queremos ser firmes en esto: la propiedad privada es inviolable”, ratificó.
En la conferencia de prensa Enrique Riera expresó que la Policía no tiene otra alternativa que cumplir la ley. “Estamos acá avisando, advirtiendo, solicitando, en el mejor sentido de la palabra: rogando, pidiendo a los campesinos que no se dejen instrumentalizar. Somos conscientes de que hay un reclamo natural de tierras; somos conscientes de que es necesario profundizar esta campaña” dijo, y apelando a la metáfora comentó que si no se puede acceder a una (las tierras de Lusipar) el Estado puede buscar otras tierras para entregarlas a sujetos de la Reforma Agraria.
“Dígannos cuántos son, dónde están, qué es lo que quieren, y el Estado va a proveer. De hecho, así estamos trabajando con el Indert; por eso se resolvió lo de Barbero y Marina Kue”, dijo y sobre las consecuencias fue contundente: “Los líderes tienen que ser conscientes de que, normalmente, y esto es muy doloroso decirlo, pagan los platos rotos la carne de cañón: campesinos que son instrumentalizados y movilizados porque uno de ellos tiene aspiraciones políticas. No lo digo yo: está en un video. Está preparando una campaña política para ser senador o diputado en 2028”, declaró.
Por qué no se puede entregar la tierra a la Reforma Agraria
“Hay que ser claros en esto: los muebles e inmuebles incautados por Senabico son del crimen organizado, más específicamente vinculados al tráfico de drogas, y conforme a la ley, esos bienes única y exclusivamente pueden ser dedicados a la financiación de la recuperación de los jóvenes adictos que generan justamente quienes nos envenenan a los chicos”, dijo el ministro del Interior.
| Esto se refiere a la Ley Nº 5876 de Administración de Bienes Incautados y Comisados, correspondientemente reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo: En el Decreto 4048 Art. 50.- Destino de los bienes. |
| Los productos_ financieros, el dinero en efectivo y el producto de la subasta de bienes declarados en comiso serán destinados conforme los porcentajes establecidos en el artículo 46 de la Ley N° 5876/2017 y su modificatoria dada por Ley N° 6396/2019. De conformidad al artículo 51 de la Ley N° 5876/2017 y las reglamentaciones vigentes, previa comunicación de la SENABICO, el Ministerio de Hacienda, transferirá el porcentaje que se establece en el artículo 46 de la Ley N° 5876/2017 y su modificatoria dada por Ley N° 6396/2019, a las siguientes instituciones; Ministerio Público, El Centro Nacional de Control de Adicciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, la Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Nacional. Fuente: Senabico |
Senabico intentó la venta anticipada
Por ley LEY N° 7254 QUE MODIFICA Y AMPLÍA LOS ARTÍCULOS 13, 18, Y 23 DE LA LEY N° 5876/2017 “DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS en su Art. 23. de Venta anticipada, se establece que “Cuando los bienes incautados sean instrumentos o presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuya conservación ocasione perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración, podrán ser vendidos anticipadamente pretendiendo mantener la productividad de ellos”, esto intentó Senabico considerando que llevan intentos de invasión durante ya varios años, pero hasta ahora, han recibido respuestas negativas.
El primer rechazo salió en abril, la ministra de Senabico Teresa Rojas apeló pero nuevamente la cámara de apelación a la que llegó la solicitud ratificó la resolución que rechazó el pedido argumentando que Senabico no justificó debidamente su pedido. Pues la invasión no constituye uno de los requerimientos previstos por la ley para definir una venta anticipada.
