El presidente de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) señaló que la mayoría de los productores desconoce el alcance de la directiva europea 1115, que regula la trazabilidad y sostenibilidad de la producción agrícola. Por ello, urgió una campaña de información dirigida al sector.
Miembros de APS y de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) participaron recientemente en el 27.º Diálogo Internacional de Productores de Oleaginosas (IOPD) en Foz de Iguazú, junto con productores representantes de 9 países. Cesca comentó que en el análisis del contexto actual de trabajo del sector, el que el tema principal fue el “Reglamento de la Unión Europea 2023/1115 relativo a la comercialización y exportación de determinados productos asociados a la deforestación y la degradación forestal”.
El presidente de APS afirmó que en esa reunión quedó claro que incluso los propios representantes de la Unión Europea reconocieron dificultades para cumplir con la totalidad de las exigencias.
En cuanto a las respuestas que nuestra región está buscando para cumplir con estas demandas, comentó que Brasil ya cuenta con dos plataformas en funcionamiento (Selo Verde y MAPA), Argentina tiene la suya y Uruguay también avanza en el proceso, insistió en eclarar que todas son de adhesión voluntaria.
En Paraguay, se designó al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para liderar la implementación de la plataforma nacional “Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental (RETSA)”, que también es de adhesión voluntaria.
Sobre la situación de nuestro país, Cesca comentó: “Te voy a contar bien sincero, le falta mucha información al productor, el productor está muy preocupado del portón-hacia adentro, pero la realidad es que el productor está muy poco informado sobre esta ley”.
En otro momento afirmó que a pesar de todo el trabajo habitual del agricultor paraguayo, y en medio de otras cuestiones; es importante considerar opciones debido a que (aunque en mayor porcentaje de forma indirecta) la producción paraguaya llega a la Unión Europea. En este punto expresó su preocupación de que el productor paraguayo tome conciencia tarde: “Creo que recién tomará conciencia cuando el agua le llegue al cuello y se vea obligado a actuar. Es decir, cuando el problema esté cerca, empezará a buscar información”.
“Creo que el productor paraguayo solo se registrará si es obligatorio. En lo personal, no tengo intención de hacerlo porque no veo ningún beneficio concreto. Sin embargo, si me aseguran que me pagarán más por mi soja, que habrá un incentivo o diferencial, entonces sí consideraría registrarme.”
Lindemar Cesca, Presidente de la APS
Cesca recordó que el jueves pasado se reunieron con el ministro de Industria y Comercio, junto con un grupo de ocho directivos de APS, y que en la ocasión expresaron su preocupación por la comunicación del tema. “Le dije al ministro que es necesario hacer una campaña de esclarecimiento para explicar que este requisito es voluntario, que no es una ley del Gobierno sino una exigencia del comprador. También aclaramos que estamos trabajando para que la plataforma esté lista y así evitar que se bloquee la comercialización de granos”, expresó.
Cesca alertó que si el 1 de enero los productores deciden sumarse al registro de trazabilidad será tarde, “Nos encontraremos con que no podrán vender. Y, en lugar de obtener un mejor precio por estar registrados, pasará lo contrario: te pagarán menos porque no tienes trazabilidad. Es una preocupación muy grande”.
Actualmente, alrededor del 4 % de la soja paraguaya se exporta directamente a la Unión Europea, mientras que el 70 % se envía a Argentina, país que a su vez remite el grano a mercados europeos y podría exigir la trazabilidad a Paraguay.
